En una carta dirigida a la dirección del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU., el miembro de mayor rango, Patrick McHenry, arremetió contra el “trato incoherente y la incertidumbre jurisdiccional” inherentes a la regulación de las criptomonedas en el territorio estadounidense y pidió al comité que abordara sus problemas críticos.

McHenry, republicano que representa a Carolina del Norte, comenzó mencionando que la presidenta demócrata de la comisión, Maxine Waters, tiene previsto programar más audiencias para tratar asuntos relacionados con el sector de los activos digitales. Además, destacó la necesidad de identificar y priorizar las cuestiones clave y lograr un “consenso amplio y bipartidista” sobre los asuntos que afectan al sector, que es muy prometedor para el sistema financiero y la economía en general.

Refiriéndose a la confusión a la que se enfrenta el sector debido a las reivindicaciones contrapuestas de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre la jurisdicción de los activos digitales, McHenry señaló que ninguna de sus posturas se basa en la ley. El Congreso, sostuvo, no debería entregar la regulación de los activos digitales a las agencias reguladoras o a los tribunales, sino intervenir para categorizar la nueva clase de activos y establecer las normas que los rigen.

Además, el congresista McHenry sugirió que el Comité de Servicios Financieros estudie detenidamente el informe sobre las stablecoins elaborado por el Grupo de Trabajo del Presidente sobre los Mercados Financieros (PWG) y examine la posición de la Reserva Federal y sus futuros pasos con respecto a una moneda digital del banco central de Estados Unidos.

En diciembre del año pasado, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. organizó una audiencia centrada en las criptomonedas que contó con una nutrida representación de ejecutivos del sector y que fue ampliamente elogiada como un intercambio muy productivo entre los responsables políticos y las partes interesadas en los activos digitales.

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